La clasificación empresarial es un requerimiento imprescindible en determinados contratos públicos de acuerdo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Otorga el reconocimiento de la capacidad de la empresa para ejecutar contratos de elevado importe económico. Cuando las entidades públicas requieren la clasificación empresarial, están requiriendo una garantía sobre la capacidad de la empresa a clasificar a la hora de elegir un proveedor y otorgar una adjudicación pública.

Características de la clasificación empresarial:

• Obligatoriedad: Es obligatoria para gestionar y realizar contratos de obras de importe igual o superior a 500.000€, no siendo exigible para realizar contratos de servicios, aunque sí recomendables porque permite a las empresas acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
• Duración: Una vez obtenida es indefinida siempre que se cumplan las condiciones y circunstancias en las que fue concedida. Se renueva anualmente antes del 1 de septiembre mediante una Declaración Responsable que informa de las cuentas anuales del último ejercicio. Cada 3 años, la documentación referente a la solvencia técnica y profesional debe de adjuntarse actualizada.
• Grupos: Se establecen grupos y subgrupos en función de la actividad de la empresa, los servicios que presta y su solvencia, obteniendo cada uno una categoría. Estas categorías representan el límite superior del importe de los contratos a los que pueden concurrir. En consecuencia, dependiendo de la categoría que se obtenga, la empresa calificada podrá optar a unos u otros contratos por razón de su objeto y cuantía económica de los mismos.